Noticias de América

• El número de migrantes disminuye por primera vez en décadas en EE.UU.

  En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes. RFI analiza el contexto de estas cifras con Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick. Por primera vez en décadas, son más los inmigrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan, según un nuevo estudio, lo que constituye un primer indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente Donald Trump está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia. En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. De acuerdo con cifras del Instituto de Investigación Pew Center, una tendencia que confirma Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick en la antena de RFI: "El presidente Trump paró la entrada de refugiados, el programa de refugiados, que es un programa internacional. Ya aquí no han entrado más personas a través del programa de refugio. Es muy difícil que te aprueben un asilo e incluso la gente que ha entrado con asilo, que todavía tienen asilo pendiente de gente que lleva años con asilos pendientes, tienen miedo que que el desenlace de de su petición de asilo sea negativa".+ En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes.Los funcionarios del gobierno de Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que las presiones sobre los servicios gubernamentales han disminuido y que los mercados de trabajo se han recuperado. Adriana Rivera considera que estas cifras reflejan de manera evidente el nuevo clima que se vive en Estados Unidos."La gente está viviendo con un nivel de miedo que yo nunca he experimentado. De hecho, yo soy ciudadana estadounidense y yo vivo con miedo. Mi familia vive con miedo. Se ha convertido en una atmósfera en donde incluso hablar otro idioma te puede poner un blanco en la espalda. Tener tatuajes, por ejemplo. Son tantas cosas completamente aleatorias y ridículas que uno ya no sabe verdaderamente ni cómo vivir en paz aquí. Obviamente hay muchas personas que están de acuerdo con esto, que lo celebran, pero hay muchísimas más que entienden que esto ya se está pasando de la raya y que esto es como un estado policiaco" dice para RFI y lanza un llamado de advertencia que hubiera sido inimaginable hace escasos meses. "Este país está cambiando. Día tras día se ven los policías, se ven los agentes federales en la calle, se ven los niños en las escuelas nerviosos, los vecinos que ya no salen como antes. Se ve una baja en cuánta gente está en el restaurante de la esquina. En este país la vida ha cambiado de un momento a otro y pues esto es una advertencia a las demás personas que que no copien lo que se está viviendo acá porque no es nada bonito", concluye.  Tras hacer campaña prometiendo deportaciones masivas, Trump ha introducido medidas radicales para reducir la migración. Su gobierno ha restringido el acceso al asilo en la frontera sur, ha endurecido los requisitos de visado para estudiantes y trabajadores del sector tecnológico y ha desplegado miles de agentes federales para detener y deportar a migrantes indocumentados

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• El Cartel de los Soles "es una de las mayores perversidades del chavismo"

  El llamado Cartel de los Soles se refiere a una presunta red criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.La pregunta es: ¿Existe realmente? El ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en EEUU, explica los mecanismos de esta organización. Estados Unidos califica al Cartel de los Soles como “una organización criminal que se hace pasar por un gobierno”. Esta semana, el gobierno argentino lo declaró “organización terrorista”. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene que no existe y lo describe como “una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen”. Frente a estas versiones, el ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en Estados Unidos y crítico del chavismo, cree que “hay decenas de testimonios dentro del sistema de justicia norteamericano que dan cuenta de que Chávez creía en la posibilidad de que, en vez de combatir a los carteles y las organizaciones terroristas que hacen vida en Colombia, estas pudieran tener una forma de contribuir de alguna manera a la seguridad del proceso político". Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar esta organización narcoterrorista, cuyo nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela. Según el ex fiscal, "muchas personas que formaron parte de esta planificación criminal han declarado y han sido detenidos, hay colaboradores, es decir, el Cartel de los Soles tiene un sustento probatorio". "Miente Petro, sobre todo cuando dice que no existe, porque la misma inteligencia colombiana era plenamente consciente de la participación de altos funcionarios no sólo de la Fuerza Armada Nacional, sino de organismos de seguridad de Estado".  Zair Mundaray, estudioso del narcotráfico, explica por qué el Cartel de los Soles es una organización criminal particular: A diferencia de los carteles de México o Colombia, quienes controlan las operaciones formarían parte del propio Estado venezolano. "En el caso venezolano los que llegaron al poder se convirtieron en narcotraficantes. No estás hablando de un cártel como un cártel mexicano o el Clan del Golfo. Estamos hablando de  quienes están sentados en las oficinas públicas del Estado venezolano y tienen todo el poder de fuego y el dominio territorial", explica el experto.  Para el ex fiscal Mundaray, una de las pruebas más claras de la existencia del Cartel de los Soles está en un hecho paradójico: en Venezuela no se registra la violencia ligada al narcotráfico que sí golpea a países como Colombia. "El narco no ha traído los niveles de violencia que tiene Colombia. Puedes traficar miles de de toneladas y pasar por donde sea, y nadie se está matando por ello, como sí ocurre en Colombia cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pisa el territorio de la disidencia o cuando el Clan del Golfo pelea por su espacio. Aquí no hace falta eso, porque tienes una fuerza armada que lo hace y el que lo haga fuera de ese control sí lo alcanza la mano del Estado y lo apresa. Esto es una de las perversidades mayores del sistema creado por el chavismo".

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• "La cuerpa que migra": las mujeres migrantes se exponen a mayor violencia, según Médicos del Mundo

  En México y Centroamérica, ser mujer y migrante significa exponerse a múltiples formas de violencia: desde la exclusión del sistema de salud, hasta agresiones sexuales y el miedo constante. Seis de cada diez mujeres migrantes dicen sentirse inseguras durante su tránsito, alerta un informe de Médicos del Mundo. Para ir más allá de las cifras, esta ONG ha pedido a la artista Alexa Forero que traduzca esa realidad en una obra artística itinerante titulada “La cuerpa que migra”. México cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, con acceso gratuito a la salud. Sin embargo, en la práctica, miles de mujeres migrantes no reciben una atención digna. La razón es un obstáculo administrativo casi infranqueable para ellas: el código CURP, Clave Única de Registro de Población. “El acceso al sistema de salud en México funciona normalmente bajo la presentación de un código que se refiere claramente a la identidad y está asociado a la residencia. Cuando una mujer extranjera migrante llega a los centros de salud de México le piden ese código”, explica a RFI Chiara Santoro, representante de Médicos del Mundo en México. “No teniendo ese código porque no son personas que ya tienen su residencia en México, se le niega sistemáticamente el servicio a la salud”, añade. En lugares como Tapachula, en la frontera sur de México, Médicos del Mundo ha documentado barreras estructurales alarmantes para acceder a servicios básicos. 'Cuerpas feminizadas' Esa evidencia se ha traducido en acción directa, incidencia política y, desde hace poco, también en arte. La artista visual Alexa Forero ha creado “La cuerpa que migra”, una instalación que combina recursos gráficos, sensoriales y testimoniales para traducir el trabajo de campo de la ONG en una narrativa estética, política y humana. “La obra entera está conformada por seis piezas, una es un sitio interactivo donde está albergada toda la información de la investigación que hace Médicos del Mundo y mi investigación propia a partir de encuentros que tuve con mujeres en Tapachula”, cuenta Forero. “Es una reflexión frente a la diferencia que hay en las ‘cuerpas feminizadas o femeninas’ que emigran, porque la situación se es diferente cuando eres mujer por los temas de la agresión sexual, pero también las necesidades que tienen de salud sexual y reproductiva, del cuidado menstrual, de planificación. Entonces, todas estas experiencias, incluso la del embarazo en tránsito, es algo que atañe solamente al cuerpo de la mujer. Entonces sí, hay que hablar de ‘cuerpa’ como organismo que atraviesa el proceso migratorio”, explica la artista. Según Médicos del Mundo, el 60% de las mujeres migrantes en México y Centroamérica reporta sentirse insegura durante su viaje.

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• Confirman condena en el caso Saweto, clave para la defensa indígena en Perú

  Tras once años de proceso condenaron a 28 años de cárcel a dos empresarios madereros por el asesinato en 2014 de cuatro líderes indígenas ambientalistas, que habían sido amenazados por defender el bosque. RFI habló con el abogado de los familiares de las víctimas. La justicia ha confirmado la condena de 28 años de prisión y una reparación civil de 100.000 soles (unos 28.000 dólares) contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas en la comunidad de Saweto. Felipe Tapia, abogado de las viudas de las víctimas, celebró la decisión, destacando la importancia de esta confirmación judicial para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos. Si bien la defensa había solicitado penas más elevadas, llegando a un máximo de 35 años y una reparación civil de 250.000 soles, Tapia enfatizó a RFI que lo esencial y más importante ha sido la ratificación de la condena. "Estamos satisfechos porque lo que buscábamos era que la justicia alcanzara a las viudas de los líderes indígenas asesinados", afirmó Tapia, señalando que, a pesar de no lograr las penas máximas debido a criterios legales, la sentencia es "contundente" por su alta cuantía. La confirmación de esta sentencia de segunda instancia no solo hace justicia en el caso Saweto, también marca un precedente en un país donde los pueblos indígenas siguen siendo amenazados por actividades ilegales en sus territorios. El caso Saweto es paradigmático: se trata de uno de los primeros casos en que líderes indígenas son asesinados por defender sus tierras. Felipe Tapia subrayó la gravedad de la situación actual en Perú, donde los territorios indígenas son sistemáticamente invadidos por la tala y minería ilegal, e incluso por el narcotráfico. "Uno de los objetivos de obtener justicia a través de una sentencia condenatoria era establecer un precedente", explicó el abogado. “Esto genera un precedente en el sentido de que cualquier actividad ilegal que se realice atropellando, vulnerando los derechos indígenas, especialmente el territorio, tiene una sanción que debe ser claramente establecida. En este caso, sobre todo la violencia, la amenaza que se ha ejercido contra los líderes indígenas y que se viene ejerciendo todavía tiene que ser sancionada y tiene que ser reprimida con mucha severidad”, puntualizó.   Caso Saweto Edwin Chota Valera, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados el 1 septiembre de 2014, en medio de amenazas por oponerse a la tala de árboles ilegal en la región de Ucayali, en el este peruano, donde se encuentra la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, a la que pertenecían. Los victimarios son cinco madereros ilegales: los hermanos Josimar y Segundo Atachi, José Estrada, Hugo Soria y Euricio Mapes. Ninguno de ellos acudió a la lectura del fallo y Mapes fue declarado reo contumaz por no asistir a las audiencias.

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• Investigan supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina

  La justicia argentina investiga un escándalo de corrupción que amenaza con implicar a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La semana pasada las autoridades argentinas allanaron varias propiedades para recabar pruebas sobre un presunto caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Presiones, sobornos, audios filtrados a la prensa y un gobierno que se mantiene en silencio. La justicia argentina investiga un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que el exdirigente de este organismo, Diego Spagnuolo, a su vez próximo del presidente Javier Milei, fuese removido de su cargo tras salir a la luz unos audios aún no verificados, en el que se alude sobornos entre altos funcionarios e incluso salpican a la hermana del presidente, Karina Milei, quien es la actual secretaria General de la Presidencia. “No me ha sorprendido en cuanto a una práctica de este gobierno porque ya tiene denuncias en otros organismos”, dijo a RFI el anterior director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. “Lo que sí me ha dolido mucho es que sea en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque lo paradójico acá es que se hizo un ajuste salvaje de los recursos para las personas con discapacidad. Se estigmatizó a las personas con discapacidad como que tenían pensiones truchas, certificados truchos. La Justicia lo demostrará, pero por lo que se ha conocido. Además, estaban utilizando el organismo para enriquecimiento ilícito. Entonces es muy triste que desde el Estado se perpetre esto en contra de uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país. Yo confío en que la justicia actúe rápido, pues la justicia es la que debe dar las respuestas lo más rápido posible”, señaló. El escándalo que supone esta investigación coincide con las protestas que mantienen desde hace poco más de un mes las diferentes organizaciones a favor de los discapacitados que siguen luchando para que se apruebe una ley que permita garantizar los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos. “El Gobierno ni siquiera nombra la situación, ni siquiera habla de esto porque lo toman como que acá no ha pasado nada. Y es vergonzoso porque las organizaciones de las personas con discapacidad la están pasando mal. Los profesionales no están recibiendo, digamos, el ajuste necesario y económico con respecto a esto, y hoy tuvimos que salir de vuelta en las calles para pronunciarnos en contra de esta corrupción, porque es terrible que no haya pan en la mesa de muchos y muchas personas, cuando en realidad hay un hecho de corrupción donde se están llevando plata en nombre de la discapacidad”, deploró Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad en CTA (Central de trabajadores en Argentina). Mientras la justicia argentina actúa con rapidez tras los 16 allanamientos realizados a finales de la pasada semana en el que se incautaron teléfonos y computadoras, contrasta con el silencio del gobierno que sigue sin pronunciarse sobre este caso al cierra de esta edición.

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