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Sobre las protestas contra el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles en Bolivia, Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, estima en  entrevista con RFI que "todo el mundo era consciente de que el país necesitaba levantar la subvención", pero critica que el presidente Paz no haya sometido la medida a referendo. También cuestiona que no se exceptue de la quita de subvención a los vehículos de transporte público, mientras se elimina el impuesto a las grandes fortunas.  ►►Para escuchar la entrevista completa, hacer click en el ícono play►► Varias carreteras fueron bloqueadas este martes en Bolivia en rechazo a un decreto del presidente centroderechista Rodrigo Paz que eliminó en diciembre los subsidios a los combustibles, entre otras medidas. Los manifestantes exigen la anulación del decreto, pues temen un incremento en el costo de vida. Desde su aprobación en diciembre, el precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron algunos productos básicos en los mercados. Y empezaron las protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), principal sindicato obrero del país. El lunes, el gobierno de Paz abrió un diálogo con los lideres de los trabajadores quienes terminaron por abandonar la mesa y llamaron a sus seguidores a cortar vías. Cualquier conversación, dicen, debe partir de la anulación del decreto presidencial. El mandatario boliviano dijo en diciembre, al anunciar el decreto en el marco de su declaratoria de emergencia económica, que Bolivia no podía "seguir funcionando con las normas de saqueo de los últimos 20 años". "Me parece innecesario criminalizar 20 años que seguramente han tenido sus luces y sus sombras, como todos los procesos políticos" afirma Hugo Moldiz, exministro de Gobierno durante el tercer mandato del presidente de izquierda Evo Morales. Moldiz, también abogado internacionalista, reconoce, sin embargo, que Bolivia "sí necesitaba levantar la subvención. Creo que todo el mundo está consciente".Pero critica el método del mandatario: "Rodrigo Paz tomó esta decisión sin consultarle a los sectores sociales y, mucho menos, al país. Y la única manera de hacerlo era a través de un referéndum". El segundo  elemento de crítica, en el juicio de Moldiz, es el 'cómo' lo hizo . "La subvención se podía quitar para todos los vehículos particulares, salvo para los del servicio público por el impacto de la medida en la población más pobre y vulnerable". No obstante, explica el ex ministro de gobierno boliviano, bajo un pretendido "principio de igualdad", la subvención  se levantó para todo el mundo  afectando a  todos los sectores de la sociedad boliviana en la que "unos ganan mucho y otros ganan muy poco". Los primeros seguirán viviendo holgadamente, pero los segundos se verán muy afetados con esta supresión, afirma. "Y, contradictoriamente, se le ha retirado el impuesto a las grandes fortunas", subraya.  Un riesgo de regreso del neoliberalismo RFI: Usted ha afirmado que a este decreto subyace la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz sea la continuación de la crisis y de una transición no resuelta en Bolivia o el inicio de una nueva era estatal. ¿Por qué? "Porque no medir en su exacta dimensión la relación de fuerzas, no tener en cuenta lo que se está jugando en el trasfondo del decreto, puede conducir al movimiento sindical, a sus dirigentes, a cometer errores, y esto puede tener efectos estratégicos. Una derrota sería el camino pavimentado para que se reinstale de manera plena el neoliberalismo en Bolivia. Eso lo tienen que entender los sindicatos.Lo tiene que entender sus líderes. Al mismo tiempo, el gobierno  tiene que valorar en su jsuta medida cuál es su nivel de fortaleza política. Tiene muchas contradicciones internas, la contradicción entre el presidente y el vicepresidente ya es una expresión de ellas. También tiene contradicciones al interior de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, y ni qué decir la ausencia de influencia en el movimiento social boliviano, y el movimiento social boliviano es muy fuerte. No creo que en este momento el todo o el nada, ya sea para los movimientos sociales o el todo o nada para el gobierno, sea el escenario aconsejable".

Tras la captura de Maduro el 3 de enero pasado, la frontera entre Venezuela y Colombia sigue en alerta. El gobierno colombiano ha ordenado un despliegue militar de 30.000 uniformados a lo largo de 2.200 kilómetros de frontera común. En el sector de la ciudad de Cúcuta, la 3ª Brigada del ejército patrulla en diferentes puentes de cruce. Es un reportaje de nuestra enviada especial a Cúcuta, Melissa Barra. Un blindado Titán del Ejército colombiano se posiciona frente al puente fronterizo Francisco de Paula Santander de Cúcuta, y de él sale un puñado de uniformados. Luego se dispersan y algunos se posicionan en las esquinas del barrio aledaño, el corregimiento de El Escobal. Patrullan mañana y noche, pero los horarios cambian para crear un efecto sorpresa. Nos invitan como prensa a asistir, pero sin hacer preguntas. Es una operación de comunicación que no explica por qué el sector es señalado como "zona roja". Al caer la noche en el Escobal, los niños juegan despreocupados frente a la parroquia y la estación de policía. La misa acaba de terminar. El sacerdote Edwin Buitrago conversa con una líder de la comunidad que prefiere mantenerse en el anonimato. Le preguntamos si ella considera que el sector sigue siendo "zona roja". "Hace unos cuatro o cinco años, sí, en ese entonces estábamos catalogados como 'zona roja'. Pero hoy esto de 'rojo' no tiene nada. Ese nombre es del pasado. Hoy esto es un barrio tranquilo. Se marcharon varias bandas delincuenciales y ciertas actividades que había acá se acabaron, ya no están aquí en el barrio como estaban antes", sostiene. Si bien no se puede decir que el sector, en su conjunto, esté en calma, el sacerdote Edwin Buitrago confirma que el entorno es distinto. "Somos la frontera más movida de América"  "Esta comunidad ha cambiado mucho. Antes, estaba el procedimiento del contrabando. Si ustedes observan ahí, la mayoría son galpones, garajes grandotes que están abandonados. Hoy se goza de tranquilidad en un 80%. Sí, puedo decir que un 80% goza de tranquilidad. El otro 20%... pues sí, ya es zozobra, temor, miedo. Lo que uno no ve, digámoslo así, lo que uno no ve. Porque somos la frontera 'más movida' de América, según dicen". La líder comunitaria explica que todo había estado tranquilo hasta este martes que militarizaron el puente. Pero la preocupación  persiste.   "Sí, siempre hay la zozobra, el temor por las trochas. Hay muchos pasos ilegales. No es solamente el puente. En el puente está bien porque hay un control. Pero hay muchos pasos ilegales. Ésa es la problemática de acá", concluye. Ambos coinciden en que un cruce abierto conserva su seguridad. Cuando el puente cerró entre 2015 y 2023, prosperaron los pasos ilegales controlados por bandas delincuenciales.

Nicolás Maduro estaba permanentemente custodiado por un grupo de élite perteneciente al popular grupo G2, que integra el Servicio de Inteligencia del Gobierno cubano. 32 de ellos fallecieron durante el ataque con el que Estados Unidos capturó y exfiltró al gobernante venezolano. ¿Pero quiénes son? Para conocer un poco más sobre estos agentes de contrainteligencia cubanos que hacían la labor de guardaespaldas en la seguridad personal de Nicolás Maduro, entrevistamos a Arturo Grandón, analista de Seguridad, Defensa, Inteligencia y Operaciones Especiales, a su vez director del Security College en Estados Unidos. Un “grupo de élite” “El personal que fue dado de baja en esta operación correspondía a una de las unidades de la guardia personal que tenía Nicolás Maduro. Su primer anillo de seguridad lo conformaban netamente el ejército cubano, toda vez que Nicolás Maduro no confiaba en las fuerzas que podían protegerlo del mismo Venezuela, por problemas de traición o algo que pudiese pasarle”, explica. “No pasaban de los 40 años, eso es lo que se tiene como antecedente. Era un grupo de élite preparado para este tipo de eventos y son los que murieron en combate, porque cuando fue el asalto propiamente tal fue muy cruel. O sea, en realidad los informes que tenemos nosotros de inteligencia es que fue muy, muy duro el ataque que se llevó adelante y ellos no reaccionaron como pensaron que iba a ser la reacción de la seguridad de Maduro”, agrega el especialista. “Chávez también tenía personal de seguridad cubano” El grupo G2 está presente en Venezuela desde el año 1999, coincidiendo con el primer año de la presidencia de Hugo Chávez, luego de un acuerdo entre ambos países a cambio de petróleo por una reestructuración de las fuerzas militares venezolanas. “Siempre ha estado apoyado por gente cubana, tanto en la parte táctica como en la parte de inteligencia. Así que, desde el momento en que Chávez está operando en Venezuela, comienza este intercambio entre comillas del apoyo de Cuba hacia Venezuela. Chávez también tenía personal de seguridad cubano, también tenía personal de inteligencia cubano operando no solamente en Venezuela sino en aquellas delegaciones venezolanas en el extranjero”, indica Arturo Grandón. El grupo de Inteligencia cubana, que se encarga de recopilar información sobre amenazas internas y externas para la seguridad de su Estado, opera tanto dentro como fuera de la isla. Fue creado en 1961 y desde entonces tiene presencia en varios países latinoamericanos, especialmente en Nicaragua y Venezuela.

Los habitantes del Catatumbo despidieron el año como lo recibieron: atrapados en el fuego cruzado entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las desmovilizadas FARC. Esta crisis humanitaria, la peor que vive hoy Colombia, afecta a unas 86.000 personas. Líderes campesinos denuncian falta de protección a la población civil, contradicciones del Gobierno y una crisis humanitaria sin respuestas eficaces en una de las regiones más golpeadas de Colombia. Entrevista con Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).  El Catatumbo está localizado en el nororiente de Colombia, principalmente en el departamento de Norte de Santander, y limita al norte y al este con Venezuela. Se caracteriza por su relieve montañoso y selvático, atravesado por el río Catatumbo y sus afluentes, que desembocan en el lago de Maracaibo. Con al menos 43.000 hectáreas de coca sembradas, es una de las regiones más impactadas por las economías ilícitas. Su historia combina conflicto armado persistente y abandono por parte de las políticas oficiales. La última ola de violencia comenzó a inicios de 2025 con una masacre en el municipio de Tibú. En el último día del año, un hospital del corregimiento de Filo Gringo fue blanco de un ataque con drones que dejó cinco personas heridas, dos de ellas menores de edad. En la región se han registrado ataques a hospitales, civiles heridos en medio de los enfrentamientos, más de 78.000 desplazados forzosamente, cerca de 300 casos de violencia sexual y medio centenar de reclutamientos forzados, muchos de ellos de menores de edad. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, fue uno de los dirigentes sociales que alertaron al Gobierno colombiano y a la ONU sobre el agravamiento de la situación en el último trimestre del año. RFI: Usted advirtió que la situación iba a recrudecer. ¿Ha sido así? Estamos a puertas de cumplir un año desde que se agudizó la crisis humanitaria en el Catatumbo, con el inicio de los enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional. Nos vuelve a pasar lo mismo que hace un año: se advirtió, pero el Gobierno y el Estado en su conjunto no tomaron las medidas necesarias para proteger a la población civil. Desde el pasado 25 de diciembre se ha intensificado la contraofensiva del Frente 33 en los municipios de Tibú y El Tarra. Esto ha dejado miles de familias confinadas, un fin de año muy negro, con muchos combatientes muertos de lado y lado, sobre todo jóvenes de nuestra comunidad. También se ha registrado destrucción de bienes civiles, como casas, iglesias y puestos de salud, especialmente en Tibú. RFI: Además de la presencia militar y del Puesto de Mando Unificado anunciado por el Ministerio de Defensa al comenzar el año, ¿qué otras medidas ha tomado el Gobierno? Nos sorprenden mucho esos anuncios porque no coinciden con lo que ocurre en el terreno. El Catatumbo es una de las zonas más militarizadas del país, pero pareciera que hubiera una operación de brazos caídos por parte de las Fuerzas Armadas. Primero, porque no están cumpliendo su deber constitucional de proteger a la población civil y, segundo, porque no están interviniendo de manera eficaz en la confrontación. En cuanto a las medidas del Gobierno, hubo una declaratoria de conmoción interior con un propósito distinto al represivo. Este Gobierno acudió a esa herramienta con una causa noble. Se trataba de 18 decretos reglamentarios que buscaban recaudar recursos y poner en marcha políticas públicas para superar la crisis. Pero, desafortunadamente, la Corte Constitucional tumbó la mayoría de esos decretos, lo que impidió que la crisis se atendiera de manera oportuna. Por ejemplo, había un decreto orientado a fortalecer los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, con mayor respaldo financiero a los programas, algo clave para el Catatumbo, donde las economías ilícitas son uno de los principales factores del conflicto. RFI: ¿Era necesario acudir a un decreto de conmoción interior o se podían tomar medidas desde otros organismos del Estado? Claro que se podían tomar otras medidas. Lo que pasa es que los decretos de conmoción interior potenciaban la acción institucional, y esa era la buena intención que luego fue frenada por la Corte Constitucional. Pero también existen deberes constitucionales y otras herramientas que el Ejecutivo puede usar, y nosotros consideramos que lo que se ha hecho sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, no es lógico que el Gobierno haya extendido por decreto, el 23 de diciembre, la zona de ubicación temporal para el Frente 33 y, al mismo tiempo, se haya lanzado una contraofensiva en el territorio. Eso no genera confianza en la paz. Otro ejemplo: hace un mes, el Frente 33 del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las extintas FARC, firmó un protocolo de protección a la población civil. Sin embargo, hace apenas cuatro días, el corregimiento de Filo Gringo fue atacado y no hubo una exigencia contundente del Gobierno nacional. Nuestras críticas apuntan a la falta de rigor y seriedad en estos procesos de paz. Si no sirven para lo más importante, que es proteger a la población civil, entonces están fallando en su objetivo central.

Las navidades siempre han sido una época del año desafiante para las organizaciones comunitarias y caritativas. Sin embargo, en Estados Unidos, las complicaciones han sido aún mayores, al no limitarse simplemente a la actividad de ayudar a los más necesitados. 2025 ha sido un año difícil para las organizaciones de caridad en Estados Unidos. Las fechas navideñas, además de ser días de reunión con los seres queridos, son también días para compartir con la gente cercana y con los más necesitados. Common Pantry es un comedor comunitario en Chicago que ofrece alimentos gratis a aquellos que lo necesitan, desde sin techo a jubilados con la pensión baja o familias con pocos recursos. Estas fechas siempre son complicadas, porque la actividad se multiplica y además tratan de hacer que los necesitados sientan que estos días también son suyos, como nos explica Juan Alegría, responsable de instalaciones y recepción. “Especialmente en estos días de fiestas por mes servimos más o menos como a 1.200 unidades de familia que pueden ser de 5 a 6.000 personas. Nosotros tratamos de normalizar lo más posible estas fiestas para que la gente se sienta apoyada y como en familia”, explica Alegría. “Entonces hacemos una distribución de jamones grandes y todas las cosas que normalmente van con esa comida, pero también distribuimos regalos a niños y familias que no pueden afrontar esos gastos.” Sin embargo, la mayor actividad navideña no fue ni de lejos el mayor desafío. En Common Pantry no contaban este año con dos problemas: El cierre temporal del Gobierno, con la pausa del programa de cupones de alimentos SNAP, y especialmente las redadas de ICE, ya que parte de la gente que viene a reclamar su ayuda es de origen extranjero. “Al limitarse esos fondos y al haber cerrado completamente por un tiempo el programa de ayuda de alimentos, se hizo más crítica la situación y eso, junto la amenaza que muchas personas sentían en cuanto a su seguridad personal, con el énfasis que se dio en inmigración y estatus inmigratorio, las personas se sentían bien amenazadas”, enfatiza Alegría. “Tuvimos nosotros que incrementar la seguridad, incluso tener puertas enllavadas para poder ofrecer cierta seguridad a las personas y también entonces que, por lo menos, estuvieran en la parte del patio de atrás por no poder estar en la calle innecesariamente por el temor que sentían. Entonces eso complica más la logística de nuestro local”.