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Argentina, Panamá y Ecuador figuran entre los diez peores países del mundo para los trabajadores compartiendo la lista con Bielorrusia, Egipto, Túnez y Turquía, entre otros,  según la última edición del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Aunque la legislación de estos países pueda reconocer determinados derechos laborales, en la práctica los trabajadores carecen de un acceso efectivo a ellos. Para Argentina es el segundo año consecutivo.
Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría “5", señala el informe elaborado por la CSI desde 2014 y que clasifica a 151 naciones sobre la base de 97 indicadores apoyándose en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia. 
Para Argentina, se trata del segundo año consecutivo de deterioro de su calificación, y se debe a los cambios en las leyes que el presidente Javier Milei realizó desde su llegada al poder en 2023 instaurando “las peores flexibilizaciones laborales en la historia del país”, de acuerdo con el abogado especialista en derecho laboral Federico Arabia.
El también profesor universitario recordó que la primera reforma que tuvo la Argentina fue en la época de la dictadura. “Después en los años 90, con la etapa de la máxima flexibilización laboral. Y ahora tenemos uno de los momentos más regresivos en materia de derechos laborales tanto individuales como colectivos”.
La reforma de Milei derogó las multas de la ley general de empleos, es decir que cualquier trabajador que realice sus tareas sin registro, el empleador no tiene ningún tipo de sanción a nivel de multas. “Todo esto bajo el lema de bajar los costos laborales” y facilitar “las inversiones”, explicó Arabia.
“Hay muchos ataques a lo que llamamos nosotros “el sistema protectorio jurídico del trabajador”, subrayó.
Amenazas indirectas 
Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, denuncia una creciente restricción del derecho de huelga y de la actividad sindical en Argentina.
“El gobierno de Milei tiene un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras y atacar el derecho a la libre expresión”.
Baradel evocó el caso de un gremio que llevó adelante un paro  convocado por tres centrales sindicales, al cual le aplicaron una multa de 21 mil millones de pesos argentinos (unos 12 500 millones de euros).
El gobierno “establece parámetros en contra de lo que indica la Organización Internacional del Trabajo, en el tema del derecho a huelga. [En Argentina] prácticamente no existe la huelga. O si hacemos huelga estamos a tiro del cobro de sumas millonarias para que no la hagamos. Para destruir a los sindicatos”.   
Ambos entrevistados coinciden en que estas medidas, consideradas restrictivas y desfavorables para los trabajadores, contrastan con la tradición histórica de Argentina, un país que, pese a avances y retrocesos, se distinguió durante décadas por una legislación laboral progresista en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores.

El alto nivel de violencia criminal que se registra en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se ha convertido en un obstáculo que se suma a las barreras históricas de acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, según un informe publicado este viernes en el país andino.
La criminalidad en Guayaquil, la ciudad más poblada Ecuador y considerada como una de las más peligrosas del continente, no afecta a todos por igual; impacta de forma diferencial a las mujeres y obstaculiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Así lo explica Joselyn Pispira en su último informe para el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil.
"Cerca del 96% de las lideresas considera que la criminalidad afecta el acceso a los servicios de salud sexual. Ellas plantean que tiene que ver con el temor a desplazarse, con el desplazamiento forzoso que se ha dado ahora últimamente por la alta criminalidad o el enfrentamiento entre bandas. También menciona la criminalidad en los centros de salud, entendiendo esta como la presencia de grupos armados y de robos también, que es parte también de la criminalidad. Y también otro de los factores es la desconfianza en los servicios de salud", explica.
En medio de este clima de violencia, el miedo a ser juzgadas se convierte en un factor clave que impide a las mujeres de Guayaquil a ejercer sus derechos reproductivos, asegura Pispira:  "Una de las cosas que siempre se identifican en estos temas, por ejemplo, es como las mujeres toman decisiones sobre su sexualidad o sobre su reproducción. Fíjate que también el miedo a ser juzgada, si lo observas en el informe, también es alto. Cuando se pregunta con relación al aborto, al acceso al aborto".
La investigadora también recalca que hay sectores más afectados: "Son las mujeres migrantes, las mujeres en condiciones económicas más precarizadas. Lo que se reporta con mayor frecuencia son las mujeres migrantes por obstáculos administrativos, ya que se pide, por ejemplo, cédula y algún otro tipo de documentación para acceder a estos servicios".
El personal médico también ha denunciado la inseguridad que se vive en los centros de salud.
"La violencia criminal afecta la calidad de los servicios, porque cuando hablamos de calidad no es solamente dar un servicio médico basado en evidencia, sino que también tiene que ver con una cultura de seguridad dentro de los centros de salud. El personal de salud reportaba que no hay guardias, consideran que no hay protección, que no hay garantías en los protocolos de seguridad, en los centros de atención, por ejemplo. Y te menciono algo vas al trabajo sin saber si vas a regresar. Consideran que están siendo afectados o acosados en distintas partes. Es decir, que no solamente es cuando ellos están fuera del centro de salud, circulando como cualquier ciudadano o ciudadana, sino también que dentro del centro o alrededor del centro este tipo de violencia está afectándolos", apunta.
El informe también revela la escasez de anticonceptivos para las mujeres, y recalca que es necesario un cambio en las prioridades del Estado en el campo de la salud.

Nueva jornada de protestas exigiendo la renuncia del presidente, pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenarlas. Desde hace casi un tienen lugar bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas, que piden medidas contra la crisis económica. El dirigente gremial Toño Siñani explicó a RFI por qué pide el fin de las protestas. El politólogo José Orlando Peralta observa una "narrativa más radicalizada".
Se agrava la tensión en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz advierte a los manifestantes: "sto está llegando al límite". El país está atravesando la peor crisis económica en cuatro décadas. La declaración se produce después de que el Congreso boliviano eliminara ayer una norma que imponía límites al presidente para decretar estados de excepción. La medida le permite ahora recurrir al ejercito para contener las protestas y restringir las libertades de reunión y circulación.
Los bloqueos de rutas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz mantienen paralizado el tránsito de camiones en varias regiones del país. La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto son el epicentro de las protestas, que están provocando escasez de alimentos, medicinas y combustible.
José Orlando Peralta, politólogo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, comenta el clima político que existe actualmente en el país.
"Narrativa radicalizada" 
"En este momento ya hay más de 150 bloqueos. Hoy se ha aprobado una nueva ley, la ley de excepción y se ha aprobado otra nueva ley que le da un poder para establecer el estado de excepción. De esta manera puede tener mando sobre las fuerzas públicas. La reacción ha sido una narrativa más radicalizada de los actores de la que ha incentivado estas movilizaciones. El diputado Milton Condori ha dicho que como efecto de esta nueva ley del Estado de excepción va a darse una guerra civil. Él está pronosticando un derramamiento de sangre porque la gente va a tensionar. Por tanto, hay tambores de guerra. Esta forma de reaccionar es la de los sectores radicalizados que solamente quieren la renuncia de Rodrigo, no quieren otra cosa. No quieren sentarse en las mesas de diálogo".
Sin embargo, un sector de los manifestantes considera que sus reclamos ya fueron escuchados y pide el fin de las protestas. Toño Siñani, dirigente gremial de la Central de Trabajadores de Bolivia, explica sus motivos.
"Las protestas que han salido de distintas organizaciones estaban reivindicativas pidiendo la anulación de una ley 1720 que afectaba a los compañeros campesinos. También han pedido la reducción de salarios, lo que ya lo hizo el presidente. Y a pesar de ello hoy en día hay personas que siguen bloqueando. Pedir la renuncia del presidente es solamente política. Nosotros, en cambio, ya no queremos más bloqueos porque hay mucha gente que está sufriendo, el pueblo alteño. Por eso hemos pedido que pueda haber un diálogo. Nosotros entendemos una cosa aquí en Bolivia el 85% es cuenta-propia. ¿Quiénes son cuenta-propia? [son personas que generan su ingreso de forma independiente, sin empleo formal ni salario fijo ] son los gremiales, los campesinos, los transportistas, los conamype, los constructores, todos, porque no nos dan economía, ni el Estado ni nadie, ya que no trabajamos al día, no llevamos economía de esa manera. Hemos dicho que de una vez el gobierno dé solución a la crisis que estamos atravesando en la ciudad de El Alto".
Mientras tanto, el presidente y su vicepresidente encabezaron hoy dos mesas de negociación con representantes políticos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación y las consecuencias económicas de las protestas.

Emiratos Árabes Unidos está reclutando a exmilitares colombianos para combatir en Sudán junto a grupos rebeldes, denunció Human Rights Watch, que afirma haber establecido los vínculos entre empresas de ambos países.  y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el mercenarismo colombiano. Entrevista con la directora de esta ONG, Juanita Goebertus, y con el politólogo Armando Mercado Vega.
Más de 200.000 personas han muerto en Sudán a causa del conflicto que enfrenta al ejército con el grupo rebelde de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra, que estalló en 2023, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. En este contexto, Human Rights Watch ha podido revelar los vínculos entre empresas colombianas y emiratíes que han permitido el reclutamiento de mercenarios colombianos.
“Esta red en Colombia está básicamente asociada a dos empresas, A4F y Fénix, ambas compañías sancionadas por el Departamento de Estados de Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Nosotros en HRW pudimos rastrear a través de distintos documentos financieros y de salarios la relación entre esas dos empresas y la empresa emiratí, conocida por sus siglas en inglés como GSSG, que es una empresa que fue fundada por el Secretario General de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes. Esta empresa tiene vínculos muy cercanos, tanto comerciales como familiares, con la familia gobernante en Emiratos Árabes. Nosotros mostramos cómo GSSG, a través de estas dos empresas colombianas, efectuaban el reclutamiento, así como la manera como se da la conexión entre GSSG y el gobierno de Emiratos Árabes, lo que ha permitido el entrenamiento en instalaciones militares Emiratos Árabes”, subraya Juanita Goebertus.
Sin embargo, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio. Armando Mercado Vega Politólogo, especialista en Conflicto Social y profesor de La Universidad Tecnológica de Bolívar, explica las causas de mercenarismo en Colombia.
“El mercenarismo en Colombia es un problema histórico porque nosotros tenemos un conflicto armado interno de más de medio siglo. Esto nos ha generado un problema desde el punto de vista no solo del reciclaje de excombatientes, de grupos armados organizados, pero también otro tema que se descuidó por mucho tiempo: los ex militares de la Fuerza Pública. Como bien señala el informe de Human Rights Watch, no hay una política pública enfocada desde el punto de vista de ofrecerle alternativas y proyectos de vida a estos militares luego de que salen de la experiencia militar. Tenemos una bolsa de empleo de ex militares que están muy bien formados, lo que no se puede olvidar. Han sido formados no en entrenamientos, como muchos ejércitos del mundo, sino formados en la guerra misma. Esto es un conocimiento muy apetecido para los especialistas en la violencia en el mundo. No se nos olvide que, en el 2021, el primer ministro de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado precisamente por un comando de mercenarios colombianos”.
Ante esta situación, Human Rights Watch insta al gobierno colombiano a que, además de fortalecer el Programa Nacional de Veteranos, abra una investigación contra las compañías involucradas en las prácticas de reclutamiento de exmilitares.

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias.
Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan".
¿Qué piden presos y familiares?
Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos.
Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”.
Apertura de una investigación
La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto.
Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice.
Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III.
El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.